El 14 de mayo de 2026, unas cuatro mil personas se congregaron en la esquina de 9 de Julio y San Martín, en el corazón de Cinco Saltos. El acto fue la inauguración de la octava sede de Fuerza Rionegrina y Federal, el partido político impulsado por Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Hubo discursos encendidos, familias, jóvenes, aplausos. Y promesas: una ambulancia de alta complejidad, un centro de salud, una farmacia, un salón de usos múltiples.

La escena podría leerse como una historia de esperanza. También puede leerse como un espejo.

Porque esta ciudad ya vivió algo parecido. Y la historia que dejó ese capítulo anterior todavía no terminó de escribirse.

La fábrica que prometió el futuro

En 1948, Industrias Patagónicas S.A. (INDUPA) llegó a Cinco Saltos con una promesa similar: trabajo, progreso, modernidad. Trajo consigo tecnología francesa —ya desechada como obsoleta en Europa—, salarios que superaban con creces lo que ofrecía la fruticultura, y una planta química que durante décadas fue el corazón económico de la ciudad. El Estado peronista incluso construyó una central hidroeléctrica específicamente para alimentar la fábrica.

Durante casi cincuenta años, INDUPA fue sinónimo de futuro en esta ciudad. “Era la Vaca Muerta de Cinco Saltos”, recuerda un vecino que trabajó en sus instalaciones. No es una comparación menor.

Lo más inquietante de esa historia no es lo que la empresa hizo. Es lo que quienes debían proteger a la comunidad decidieron no hacer. Funcionarios que firmaron declaraciones de “aceptabilidad ambiental”. Organismos que miraron hacia otro lado. Un modelo de desarrollo que antepuso la rentabilidad industrial al bienestar de las personas que vivían a metros de las pilas de residuos tóxicos.

El sindicalismo como política: un actor que merece escrutinio

Marcelo Rucci no es un desconocido en la Patagonia. Es el conductor del sindicato más poderoso de Vaca Muerta, con más de 24.000 afiliados y la capacidad documentada de paralizar la producción de toda la cuenca con una llamada telefónica. Fue intendente de Rincón de los Sauces durante dos períodos, entre 2011 y 2019. Fue reelecto al frente del gremio en 2026 con el respaldo del 80% del padrón. Es, en todos los sentidos que importan, un hombre del petróleo.

Su discurso en Cinco Saltos fue hábil y genuinamente seductor. “Este no es un partido exclusivo de un gremio, sino una idea que nace del sector petrolero para representar a quienes la política tradicional ha olvidado.” “No venimos a decir ‘crean en mí’, sino ‘crean en ustedes’.” Promesas concretas, rostros conocidos, multitud calurosa. El orador local, Ernesto Inal, secretario adjunto del gremio y cincoaltense de nacimiento, mencionó incluso el cierre de INDUPA como parte de su propia historia: emigró hace 25 años por la crisis que dejó la fábrica.

Nadie pone en duda la legitimidad de Rucci para hacer política, ni el derecho de los trabajadores petroleros a tener representación propia. Tampoco hay razones para atribuirle mala fe personal. El problema es estructural, y Cinco Saltos lo sabe mejor que nadie.

El patrón que se repite

Existe un patrón reconocible en la historia de las industrias extractivas y las comunidades donde se instalan. Llegan con empleo, infraestructura y promesas de desarrollo. Construyen hospitales, donan ambulancias, financian escuelas. Crean lazos de dependencia económica que hacen casi imposible la crítica. Y cuando la contaminación aparece —y siempre aparece— la comunidad ya está tan integrada al modelo que cuestionar la industria se siente como cuestionarse a uno mismo.

INDUPA siguió ese patrón con precisión. El Colegio Industrial N.º 1 de Cinco Saltos existe gracias a ella. También existe el mayor pasivo ambiental de mercurio de América Latina. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo, y esa tensión es exactamente la que paraliza a las comunidades durante décadas.

Hoy, Rucci es simultáneamente el secretario general del gremio que negocia las condiciones laborales con las petroleras, el presidente del partido político que busca representación en los municipios y las legislaturas, y la figura que promete salud, infraestructura y bienestar a comunidades del Alto Valle. Ese triple rol merece análisis, no aplausos automáticos.

No porque Rucci sea INDUPA. Sino porque la concentración de poder económico, sindical y político en torno a una sola industria —sin contrapesos institucionales sólidos— es exactamente la arquitectura que permitió que Cinco Saltos terminara con 53 hectáreas envenenadas y una demanda judicial con el expediente en estado “reservado” treinta años después.

Lo que Cinco Saltos le enseñó al mundo

Es necesario recordar también la otra parte de esta historia: la que habla de lo que una comunidad puede hacer cuando decide no olvidar. Fueron los propios cincoaltenses —con sus vecinos autoconvocados, sus militantes sindicales disidentes, sus concejales del Partido Comunista, su médico que guardó carpetas de pacientes durante décadas— quienes pusieron en la agenda el pasivo de INDUPA cuando nadie más quería hacerlo.

Y fue José “Pincho” Chandía —él mismo ex trabajador de INDUPA, despedido por actividad sindical— quien impulsó en 2012 la ordenanza que prohibió el fracking en el ejido de Cinco Saltos. La ordenanza fue vetada por la intendenta Liliana Alvarado, con el respaldo del gobernador Alberto Weretilneck, con el argumento de que la política energética es competencia provincial y nacional, no municipal. Pero el gesto político fue suficiente para encender un movimiento que se replicó en decenas de municipios de Argentina y el continente.

Eso es lo que hace única a esta ciudad: tiene memoria activa. No una memoria nostálgica, sino una memoria que produce consecuencias políticas concretas.

Las preguntas que nadie hizo en el acto del 14 de mayo

Entre los aplausos del acto de inauguración de Fuerza Rionegrina y Federal, entre la alegría genuina de miles de vecinos que se sienten olvidados por la política tradicional —y tienen razón en sentirse así—, había preguntas que nadie formuló desde el escenario:

¿Qué posición tiene Fuerza Rionegrina y Federal respecto a la remediación del pasivo ambiental de INDUPA? Los 30.000 metros cúbicos de lodos tóxicos siguen a cielo abierto en el predio. El expediente judicial de los ex trabajadores sigue reservado. Nadie ha dado una respuesta oficial completa sobre el paradero del mercurio.

¿Qué posición tiene el partido respecto a los sismos inducidos por el fracking? Sauzal Bonito registra más de 428 temblores documentados desde que comenzó la explotación no convencional. Seis familias perdieron sus casas. El amparo ambiental fue rechazado por la Corte Suprema. El gremio que da origen al partido representa a los trabajadores de la misma industria que genera esa sismicidad.

¿Qué mecanismos de control ambiental independiente propone? Una ambulancia es bienvenida. Pero no reemplaza un organismo de contralor que tenga dientes y no dependa de la misma industria que debe controlar.

Estas no son preguntas hostiles. Son exactamente las que una comunidad con la historia de Cinco Saltos tiene el derecho —y la obligación— de formular a cualquier fuerza política que llegue con promesas de progreso bajo el brazo.

Conclusión: La memoria como vacuna

La ambición política de Marcelo Rucci puede ser legítima. Las necesidades de los vecinos de Cinco Saltos son reales. La crítica a la política tradicional, que miró hacia otro lado mientras INDUPA envenenaba el suelo y vetó la ordenanza anti-fracking cuando incomodaba a los intereses provinciales, es completamente justificada.

Pero la solución a una clase política que priorizó el negocio sobre la ecología no puede ser reemplazarla por otra estructura de poder aún más entrelazada con la industria extractiva, sin que nadie haga las preguntas incómodas.

Cinco Saltos tiene algo extraordinario: una comunidad que aprendió, a un costo enorme, a no confundir el progreso con el sacrificio silencioso de su salud y su territorio. Esa memoria colectiva es la vacuna más poderosa que tiene contra cualquier forma de extractivismo —el de las multinacionales químicas, el del fracking, o el del poder sindical convertido en aparato político sin contrapesos.

Las cuatro mil personas que llenaron la esquina de 9 de Julio y San Martín tienen todo el derecho de soñar con una ciudad mejor. Y tienen toda la historia necesaria para saber que los sueños sin preguntas críticas tienen el riesgo de terminar en 53 hectáreas que nadie quiere limpiar.